Lo que está en juego

En 1911, el alemán Robert Mitchels publicó su famoso libro llamado Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Ahí decía:

“El partido no es forzosamente identificable con la totalidad de sus miembros, ni mucho menos con la clase a la que pertenecen. El partido fue creado como un medio para lograr un fin. No obstante, por haberse transformado en un fin en sí mismo, con metas e intereses propios, experimenta un distanciamiento de la clase que representa, desde un punto de vista teleológico. En un partido no es fácil que los intereses de las masas que se han combinado para constituirlo coincidan con los intereses de la burocracia que lo representa”

Esta es la famosa ley de hierro de la oligarquía. Pocos años antes de su formulación, Michels había abandonado el Partido Socioaldemócrata Alemán, la fuerza política de base obrera e ideología Marxista más grande de Europa continental. En ese entonces, Michels observaba que aún los partidos de la clase obrera que luchaban por una sociedad igualitaria en el marco de una democracia moderna manifestaban una tendencia creciente hacia la burocratización y la especialización funcional (juntar votos, repartir cargos, confeccionar programas y planes de gobierno, etc). En consecuencia, para Michels los partidos tienden a transformarse en organizaciones jerárquicas dominadas por una élite de políticos profesionales, que en la medida en que hacen del partido su medio de vida, tienden a erosionar su democracia interna. En otras palabras, todo partido de masas, sea de izquierda o de derecha, tiende a volverse oligárquico1.

Lo que está en juego en la elección interna entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira es, precisamente, el carácter oligárquico del Frente Amplio en tanto principal partido de masas de la izquierda uruguaya. Y, por tanto, está en juego el carácter oligárquico de la democracia.

La democracia uruguaya, ya lo sabemos, es partidocrática. Los partidos son instituciones centrales en la vida política nacional. Generan grandes adhesiones, movilizan la voluntad popular, canalizan en gran medida la representación, agregan demandas, absorben el conflicto, y articulan eficientemente con las organizaciones de una débil y fragmentada sociedad civil. Pero si los partidos se rigidizan, si sus principales organizaciones se vuelven oligárquicas, si dejan de ser permeables a los procesos de lucha por la transformación social (hegemonía), la democracia se resiente. La salud de la democracia partidocrática (y probablemente de toda democracia) depende de la transformación dinámica del sistema de partidos, de la existencia de movimientos partidarios que generen contrapesos a la oligarquización de la política. Por lo general, dichos movimientos forman parte de un proceso más amplio de democratización de las relaciones sociales y económicas. Llamaré “democratización de la democracia” a este proceso. Si repasamos brevemente la historia, veremos que la izquierda ha jugado un papel relevante en los procesos de democratización de nuestra democracia.

La democracia contra la democratización

Hasta mediados de los años 60s, se entendía que la democracia era patrimonio exclusivo de los partidos tradicionales. Durante todo el siglo XIX, los partidos históricos se habían disputado el control del aparato del estado y el territorio recurriendo sistemáticamente a la violencia. El ascenso del batllismo coincidió con la derrota militar de uno de los bandos (los blancos), seguida de una serie de acuerdos que tradujeron la competencia partidaria en democracia electoral. Los partidos tradicionales institucionalizaron reglas de competencia y cooperación que garantizaron el acceso compartido al aparato del Estado, lo que terminaría por llamarse coparticipación. El nuevo formato de lucha partidaria daría paso a un largo ciclo de expansión de la ciudadanía política. El medio siglo de oro uruguayo, sólo opacado por la república conservadora de la década terrista (1933-1943), permitió avances fundamentales en los derechos sociales y las libertades públicas. Pero el monopolio casi total de la representación política fue reservado a los dos grandes actores que habían diseñado las reglas de juego. Sí, Uruguay tenía una democracia envidiable para los estándares latinoamericanos, pero sus instituciones partidarias distaban mucho de ser democráticas. Los dos grandes partidos eran grandes maquinarias electorales controladas por elencos de políticos profesionales que pugnaban por el reparto de cargos. A su vez, estos elencos estructuraban la competencia política en torno a la figura de líderes carismáticos (caudillos). El acceso privilegiado a los recursos del Estado les aseguraba el control de las clientelas (fundamentales en períodos de movilización electoral), estableciendo un vínculo con el ciudadano de tipo jerárquico y particularista.

Por eso la irrupción del Frente Amplio como partido de masas representó un cataclismo político. Puede decirse sin dudas que la izquierda fue el principal agente democratizador de la democracia uruguaya en la segunda mitad del siglo XX. El proceso comenzó en los años 50s. Para ese entonces, el modelo de sustitución de importaciones había generado grandes concentraciones obreras en Montevideo, lo que alentaba la formación de sindicatos con una creciente conciencia de clase y capacidad de movilización autónoma. Al mismo tiempo, la expansión de la educación había generado una masa crítica de científicos, artistas e intelectuales que comenzaron a demandar una mayor democratización de las instituciones políticas. No por casualidad a fines de los ‘50 se produjo la primera experiencia de unificación de las luchas obreras y estudiantiles. Las movilizaciones conjuntas fueron fundamentales para profundizar la democracia en las postrimerías del segundo batllismo, expandiendo los derechos laborales y conquistando la autonomía universitaria. A su vez, la creciente democratización de las relaciones sociales (en el trabajo y la educación) reforzó aún más la autonomía del campo artístico, científico e intelectual respecto al campo político, y generó oportunidades para un dificultoso pero exitoso proceso de unificación sindical. El terreno era propicio para la construcción de una nueva hegemonía disidente al interior del campo popular. La larga agonía del modelo de desarrollo iniciado a mediados de los ‘50 y agravada en los 60s, el influjo continental de la revolución cubana y la intromisión norteamericana en los asuntos domésticos, conducirían a la agudización del conflicto político, profundizando la tendencia a la organización política autónoma de importantes sectores urbanos, crecientemente hegemonizados por la izquierda. En un contexto de crisis económica, la incapacidad del estado de proveer empleo público y preservar el poder adquisitivo de la enorme masa de funcionarios públicos erosionó aún más los dispositivos clientelares que amortiguaban el conflicto. Ya a fines de la década, el ciclo de movilizaciones por la defensa de los derechos sociales y las libertades cívicas lanzado en respuesta al giro autoritario del gobierno terminó de forjar la unidad política de la izquierda y el campo popular.

La democratización había llegado demasiado lejos: por primera vez un partido de masas con un alto componente movimentista y una estructura orgánica participativa irrumpía con posibilidades ciertas de desafiar el monopolio de la representación política de los partidos tradicionales. En realidad, para los partidos históricos que habían casi monopolizado la representación política desde la institucionalización del Estado, el Frente Amplio no representaba solamente la amenaza comunista o tupamara: el ascenso de la izquierda significaba además que un núcleo importante de maestros, profesores, estudiantes, obreros, profesionales, y empleados públicos —jóvenes en su gran mayoría—no solo protestaban juntos en las calles sino que además se daban un ámbito de militancia compartido desde el cual hacían política y aspiraban a desalojar a los políticos profesionales de la administración del estado para así construir una democracia avanzada.

La respuesta de los partidos tradicionales al desafío democratizador de la izquierda consistió, paradójica y compresiblemente, en la lenta pero sostenida limitación de la democracia política que ellos mismos habían construido. Así, eliminaron el colegiado y fortalecieron la autoridad presidencial en detrimento del parlamento, institucionalizaron mecanismos de vigilancia y represión de la protesta social, militarizaron funcionarios públicos en conflicto, desconocieron la autonomía de la enseñanza, desmantelaron los mecanismos de negociación colectiva, ilegalizaron organizaciones de izquierda, clausuraron medios de prensa, ejercieron la intimidación y violencia callejera antes y durante la campaña electoral, etc. Y como el giro autoritario no fue suficiente para doblegar la resistencia de los sectores movilizados y contrarrestar la amenaza contrahegemónica de la izquierda, los partidos tradicionales hicieron uso de las mayorías parlamentarias para permitir el ingreso legal de las fuerzas armadas en la contienda política. El final ya lo conocemos.

La dictadura logró doblegar las ansias revolucionarias de la izquierda, pero no logró evitar que el FA retomara su papel de partido desafiante luego de la transición a la democracia. A partir de entonces el FA iniciaría un proceso de auto-infligida moderación ideológica e institucionalización partidaria. Mientras, su vínculo orgánico con los movimientos sociales y el sindicalismo le ayudaría a afianzar su hegemonía sobre el campo popular al calor de las luchas contra las reformas neoliberales. Así, el FA se consolidó como la principal fuerza política impulsora de un ambicioso programa de democratización de la democracia uruguaya. La victoria electoral del 2004 sería el punto culminante de este proceso. Luego de años de resistencia y acumulación contrahegemónica, el FA se propone restablecer niveles de democratización semejantes a los de principios de los 60s. Ejemplos no faltan: reconstrucción de la matriz de protección social, reforma de la salud, mayor inversión en educación, creación de nuevas universidades autónomas, participación docente en primaria y secundaria, promoción de nuevos derechos civiles (aborto, matrimonio igualitario, marihuana), restablecimiento de la negociación colectiva y los derechos sindicales (incluyendo sectores históricamente postergados como como los trabajadores rurales o las empleadas domésticas), descentralización política a través del desarrollo de un (todavía incipiente) tercer nivel de gobierno, intento (de resultado incierto) de democratización de los medios de comunicación, etc.

¿Significa esto que el desarrollo de la democracia política ha alcanzado su punto culminante? ¿Qué hay de la famosa ley de hierro de la oligarquía? Si nos atenemos al largo ciclo recién descrito, parece evidente que la dinámica de la democratización nunca se detiene. A pesar de que la democracia uruguaya goza de buena salud, el riesgo de oligarquización de la política permanece. De hecho, la plena incorporación del FA al sistema de partidos habilita una doble lectura. Por un lado, demuestra la capacidad de nuestra democracia de resolver problemas de legitimación mediante la transformación del sistema de partidos. Pero también demuestra la capacidad de las instituciones de mediatizar y amortiguar el conflicto: renovada exitosamente la representación, la democracia tendería a la institucionalización de un nuevo régimen de dominación política.

¿La ley de hierro otra vez?

La normalización de la democracia debe ser vista con cierta desconfianza, ya que revela la comodidad de los que detentan el control del proceso político con el estado actual de cosas. Por definición, las instituciones son eficientes precisamente cuando, por un lado, logran estabilizar ciertos patrones desiguales de distribución del poder y acceso a recursos valiosos y, por el otro, generan mecanismos de legitimación social que proveen consenso normativo a ciertos patrones distributivos. Si vemos al FA no como una organización de masas que representa “el mejor proyecto político del pueblo uruguayo” sino como un actor central en el sistema de partidos de la muy amortiguadora democracia uruguaya, debemos preguntarnos en qué consisten esos patrones desiguales de distribución del poder que el FA estaría contribuyendo a estabilizar. También cabe preguntarnos sobre los mecanismos de legitimidad construidos desde el sistema político para mantener el orden. La democracia opera de forma estable cuando aquellos que son capaces de terminarla confían en que sus intereses fundamentales serán aislados y sustraídos del juego democrático. Independientemente de cuáles son estos intereses, es claro que la consolidación de una nueva élite de políticos profesionales con un alto grado de diferenciación y distancia relativa respecto a las organizaciones y movimientos que pujan por una mayor distribución del poder es un mecanismo crucial para la reproducción del orden político.

Por lo tanto, no se trata solamente de entender cómo el FA transformó la democracia, sino también cómo la democracia transformó al FA. Y en este sentido, hay que reconocer que tanto el funcionamiento orgánico como la extracción social de los miembros que forman los elencos más o menos permanentes de la estructura del FA han sufrido trasformaciones importantes. El proceso se inició hace ya bastante tiempo, pero se ha profundizado desde la llegada al gobierno. Se destacan tres aspectos fundamentales. En primer lugar, el espacio movimentista del partido se ha angostado hasta casi desaparecer, socavando la influencia de los independientes y debilitando el vínculo cotidiano entre las bases partidarias y el movimiento popular. En segundo lugar, el peso relativo de las maquinarias electorales se ha acrecentado enormemente. Por eso, el acceso a donaciones por parte de empresarios, el aporte mensual de los cuadros que ocupan cargos en las distintas reparticiones estatales, y la maximización de las estrategias de rastrillaje de votos son hoy las tareas centrales que consumen gran parte de la energía de los sectores mayoritarios. En tercer lugar, resulta innegable la influencia creciente de los liderazgos personales, que en la medida en que concitan la voluntad de grandes masas de electores inorgánicos, gozan de importantes grados de autonomía relativa respecto a la orgánica. La ascendencia del caudillismo se traduce en condicionamientos y vetos que, con el tiempo, son internalizados y naturalizados por la estructura partidaria. (Actitudes como la de Tabaré Vázquez arrogándose el derecho de escoger a su compañero de fórmula en vez de someter tamaña decisión a la orgánica partidaria hubiera generado un escándalo tan solo unos años atrás; sin embargo ahora, en aras de un acuerdo win-win con el caudillo, los elencos dirigentes —los líderes de los sectores mayoritarios— toman con naturalidad dicho gesto monárquico).

Por supuesto que esta realidad no es el resultado de la mala voluntad de los dirigentes. Muy por el contrario, la profesionalización y oligarquización del FA responde a una estrategia de adaptación exitosa a las instituciones democráticas. Encargados de la administración del estado y el partido, los dirigentes deben ajustar sus pautas de comportamiento a las reglas de juego de la democracia. Intentan llevar a la práctica el programa del partido (el proyecto colectivo), pero además buscan sobrevivir como especie, porque naturalmente piensan que la continuidad del proyecto depende de su sobrevivencia. La hipótesis jacobina sobre la debilidad ideológica o la corrupción moral de los dirigentes partidarios que han alcanzado el poder debe ser entonces descartada de plano. Los políticos profesionales hacen política profesionalmente, lo que implica sopesar permanentemente riesgos y oportunidades, escalonar conflictos y negociar con los poderes fácticos, cuidándose de no hipotecar la continuidad del proyecto. No llama la atención, entonces, que los que mejor se han adaptado a las reglas de juego no muestren interés alguno en modificar dichas reglas. El uso de los pases en comisión y los cargos de confianza para sustentar el funcionamiento cotidiano de las estructuras sectoriales, la renuencia a legislar sobre el financiamiento de los partidos, el abuso de la ingeniería electoral para rastrillar votos aún bajo riesgo de abrazar sapos culebras, la tendencia a convivir pacíficamente con los grandes medios de comunicación y empresarios “amigos”, la utilización de las empresas públicas para catapultar potenciales candidaturas, son viejos legados de la democracia uruguaya que la actual dirigencia del FA convalida tácitamente en pos de la supervivencia.

La nueva racionalidad política que se ha instalado tiene una expresión muy clara en el proceso de selección de las candidaturas para la próxima elección. El consenso deliberadamente buscado por los sectores mayoritarios sobre la inevitabilidad de la candidatura de Tabaré Vázquez es un síntoma claro de la aguda aversión al riesgo de nuestra dirigencia. Se argumenta, con razón, que Tabaré maximiza las chances de triunfo electoral. El razonamiento es de sentido común, pero un sentido común conservador, y en gran medida contradictorio: se dice que la renovación generacional y de género es importante, pero se aclara que ésta no puede nunca poner en riesgo la continuidad del proyecto de la izquierda. En otras palabras, dar espacio a los que tienen poco poder político y están sub-representados en las instituciones es negociable si lo que está en juego es la continuidad de un proyecto que en teoría busca empoderar a los que tienen poco poder político y están sub-representados en las instituciones. Más allá de la paradoja, es claro que Vázquez además ofrece seguridad a los sectores mayoritarios de que los equilibrios existentes se mantendrán más o menos incambiados. Vázquez es un actor con el que existe ya una probada historia de negociación y compromisos. Con él se puede intercambiar apoyo político (mediante la movilización de las maquinarias sectoriales) por la seguridad de que serán luego tenidos en cuenta en el reparto de cargos. En realidad, el riesgo mayor de un candidato alternativo a Vázquez no es perder la elección, sino romper con el sistema cómodo que regula las relaciones entre los pocos jugadores que controlan la dinámica partidaria y acceden a la gran mayoría de los cargos públicos. En buen romance, el acuerdo natural entre caudillos y políticos profesionales, dinámica característica de nuestros partidos históricos, ahora extendida al FA, confirma, una vez más, la fuerza inercial de la ley de hierro de la oligarquía.

Tenemos entonces un partido organizado en torno a estructuras jerárquicas cuya principal función es la competencia por votos y cargos. Estos aparatos no son otra cosa que pequeñas burocracias conformadas por políticos profesionales que hacen del partido y el estado su medio de vida. Esta es la realidad de los sectores mayoritarios, y es por tanto la realidad de casi todo el FA, luego de que los militantes de a pie, esos que no reciben nada por su participación en la orgánica, han abandonado masivamente el partido. La reproducción de los elencos partidarios en tanto clase para sí se ha vuelto un objetivo central de la dirección del partido. Debilitado el movimiento (de militantes), la coalición (de sectores) cierra filas detrás del caudillo. El consenso sectorial sobre Tabaré termina de cristalizar un largo proceso de institucionalización partidaria. En cierta medida, es un síntoma visible de una sutil pero profunda transformación operada al interior del principal partido de la izquierda uruguaya.

El principal efecto de esta transformación es la erosión de la capacidad de las bases históricas de la izquierda (trabajadores, jóvenes, científicos, pequeños empresarios, sectores medios progresistas) de encontrar un espacio colectivo donde hacer causa común y elaborar síntesis política en torno a reclamos de mayor distribución y reconocimiento. El debilitamiento del FA como partido orgánico de masas no solo compromete la articulación de los sectores populares en torno a un proyecto contrahegemónico, sino que además significa un retroceso en el grado de influencia de estos sectores sobre una de las instituciones centrales de nuestra democracia: el sistema de partidos. Se trata entonces de un retorno a las tendencias oligárquicas que históricamente han limitado la expansión plena de nuestra democracia.

La política es el arte de lo imposible, la restitución de lo inexistente

De todas maneras, el modo en que se estructurará la disputa interna por la candidatura presidencial de la izquierda tiene un aspecto sumamente positivo que no debemos soslayar. La existencia de una candidatura alternativa a la del status quo, en este caso la de Constanza Moreira, debe ser vista como una oportunidad, ya que por primera vez expresa electoralmente una contradicción que se mantenía latente y que ahora se hace manifiesta.

Lo que está en juego en la elección interna entre Tabaré Vázquez y Constanza Moreira es, precisamente, el carácter oligárquico del Frente Amplio en tanto principal partido de masas de la izquierda uruguaya. Está en juego la capacidad de la izquierda (como proyecto y movimiento) de llevar la democratización hasta las últimas consecuencias, poniendo límites a las tendencias oligárquicas que naturalmente afloran en los partidos que conquistan el gobierno. Y, por tanto, está en juego el carácter oligárquico de la democracia. Lo que está en juego entonces no es una decisión entre el candidato y la candidata, sino una decisión entre lo real instituido (Tabaré y los sectores), y lo potencial instituyente (Constanza y los frenteamplistas).

Se trata entonces de tender puentes y restablecer los equilibrios entre las organizaciones de cuadros que se han especializado en la dirección del partido y del gobierno, y una masa no despreciable de simpatizantes que a pesar de estar desorganizados participan activamente en el desarrollo del proyecto de la izquierda. Se trata de incluir, nuevamente, a militantes estudiantiles y sindicales, cooperativistas y activistas de los nuevos movimientos sociales, colectivos de mujeres, defensores de los derechos humanos, ambientalistas, tuiteros y blogueros, frenteamplistas independientes vinculados a diversas redes, cuadros técnicos y funcionarios que colaboran diariamente en el desarrollo de las políticas públicas, viejos militantes expulsados de los comités de base, etc. Gente que más allá de su diversidad ideológica y extracción social heterogénea comparte dos características fundamentales: una tendencia natural a desconfiar del poder instituido, y la sensación de que su voz ha sido relegada. Se trata de una decisión entre votar lo que ya está organizado y organizarse para votar.

Lo que está en juego, en última instancia, es la capacidad de movilización autónoma, de encuentro y deliberación organizada de los que no hacen de la política partidaria su medio de vida. De ellos depende la salud de la izquierda. Es el momento de la política entendida como acto de toma de distancia respecto al estado de cosas, la política como organización de lo nuevo, de lo declarado imposible. Es la política como restitución de lo inexistente. Allí se juega la radicalidad de nuestra democracia.

1 No es casualidad que Michels, convencido de lo inapelable de su ley, haya terminado militando activamente en otro partido de masas, inocultablemente oligárquico, originado en otro de los grandes partidos socialistas de Europa: el fascismo italiano.
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